Cansados de robos y daños en sus propiedades, los agricultores lucentinos han optado por manifestar su descontento con la vigilancia de las zonas rurales estampando su firma en un escrito que el presidente de FAECA y los presidentes de las dos cooperativas olivareras de Lucena, Antonio Cañete y Francisco de Mora, entregarán al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado en el transcurso de la reunión que le solicitarán dentro de unos días para trasladarle sus inquietudes.
En torno a dos millares de firmas aportarán los olivareros lucentinos, «aunque podrían haber sido muchas más, como son muchas las familias afectadas» señalaba Antonio Cañete a LucenaHoy, mientras que Francisco de Mora indicaba que «no son solo los robos de fruto, especialmente preocupantes ante el inicio de una campaña que se presenta con una buena cosecha, sino también los que se producen a lo largo del año en cortijos y viviendas en el ámbito rural, en instalaciones eléctricas o los destrozos en maquinaria», una situación que ha llevado a los olivareros a «denunciar el abandono del medio rural por parte de las autoridades» mediante esta campaña de recogida de firmas que se está prolongando durante todo el verano y a la que se han sumado no solo las dos cooperativas de Lucena, sino también la de la pedanía de Jauja –una de las zonas más afectadas, en el límite con la provincia de Sevilla– y algunos comercios y tiendas de productos fitosanitarios de la ciudad.
Junto al incremento de la vigilancia que proporciona la guardia civil al campo lucentino, los cooperativistas también exigen que este año no se autorice la «rebusca» de aceituna, que el pasado año permitió la Subdelegación del Gobierno atendiendo a la escasez de la cosecha y que nunca se había autorizado en la provincia de Córdoba. Los agricultores consideran que tras esta actividad se esconden muchas veces robos de fruto y daños al olivar.
El presidente de la Cooperativa Olivarera Virgen de Araceli, Antonio Cañete, mostraba además su intención de retomar este año la contratación de seguridad privada, «para lo que esperamos recuperar la ayuda de 12.000 euros que nos venía ofreciendo el ayuntamiento, y que el año pasado se suprimió por lo reducido de la cosecha». A estas medidas se sumará el servicio de «aviso» a la Guardia Civil que ofrecen los guardas de cotos. En años anteriores el coste de la guardería del olivar durante la campaña de recolección ha ascendido a unos 35.000 euros, sufragados en su mayor parte por los socios.